1. INTRODUCCIÓN
La eficacia de la Administración Pública al servicio de los intereses generales es uno de los principios enunciados en el artículo 103 de nuestra Constitución. Transcurridos más de 45 años desde su aprobación, el modo de responder a él ha evolucionado enormemente y de manera muy notable en los últimos diez años.
Este principio está íntimamente vinculado al de eficiencia y es evidente que sin éste es imposible la consecución del cumplimiento de aquel. Son muchos los actores y elementos que intervienen en el logro de un certero respeto a estos principios, pero con desigual influencia en su implementación. Por una parte, las aprobaciones legislativas concernientes al procedimiento administrativo surgidas a partir del RD 39/2015, así como la normativa sobre firma electrónica e identificación digital, han conducido paulatinamente a un aumento de las posibilidades de comunicación con las AA.PP.
Sin embargo, con anterioridad, habían venido surgiendo y evolucionando diversos avances tecnológicos y factores que transformaron el modo de confeccionar la documentación escrita y gráfica, tanto la emanada desde las AA.PP. como la que se le aportaba a éstas por parte de los administrados. Lejos queda ya el inicio del empleo de procesadores de texto, hojas de cálculo o programas de CAD, tanto en el seno de la administración como por parte de los proyectistas que redactan la documentación técnica a entregar para la obtención de los permisos administrativos pertinentes requeridos.
En esta materia, la mayor innovación en época relativamente reciente es quizá la obligatoria implantación del expediente administrativo electrónico por parte de las AA.PP., pero queda un ingente potencial aún por explotar exhaustivamente para la mejora de su eficacia, como el que poseen las redes sociales, las aplicaciones móviles, la información vía “web”, los chats GPT, los sistemas BIM, aplicaciones GIS o la inteligencia artificial, entre otros.
En consecuencia, parece oportuno reevaluar aquel proceso inicial de modernización aludido: su evolución, sus efectos y, por otro lado, analizar con detenimiento las posibilidades que nos brinda ese otro potencial emergente y aún pendiente de escrutar en su totalidad, tratando de evitar ahora aquellos errores que acabaron instaurándose en aquel primer proceso.
2. CONSECUENCIAS DE LAS TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS DE LOS AÑOS 80 Y 90
Ciñéndonos a la documentación a confeccionar por parte de los arquitectos para la obtención de la correspondiente autorización administrativa (licencias urbanísticas u otras), podremos recordar, o bien los más jóvenes lo habrán oído, que aquella documentación era sucinta, sintética, sin reiteraciones y limitada a lo estrictamente imprescindible para concretar suficientemente qué era lo que se solicitaba y acreditar documentalmente las verificaciones que la legislación estatal o local exigiese. Ello no era en realidad consecuencia de un propósito, sino, en buena parte, de lo tediosa que resultaba la redacción de la memoria y la realización de los planos, unido a la limitación de las posibilidades de modificación, rectificación o edición de la documentación. Ha de admitirse que, en algunos casos, ese carácter sucinto de la documentación podía derivar en indefinición de algunos aspectos del proyecto.
En la actualidad, y desde hace bastantes años, la indiscutible versatilidad de los programas informáticos, sus posibilidades de rectificación, así como la muy utilizada técnica de rescatar textos de proyectos anteriores para su inclusión en un nuevo proyecto, es decir, lo llamado coloquialmente “corta-pega”, permitió acelerar los tiempos de realización de éstos. De la misma manera, la redacción de la documentación emanada por parte de la administración pudo sistematizarse en aquellas cuestiones que resultaban comunes para determinados procedimientos administrativos.
Sin duda, el avance de entonces fue inmenso. No obstante, es importante que, desde uno y otro lado, estas posibilidades que supusieron estos avances se utilicen de manera óptima, de lo contrario pueden llegar a darse resultados viciados.
Actualmente, en algunos casos, la documentación que se aporta a la Administración y eventualmente la que se transmite al interesado por parte de ésta, es superabundante, conteniendo en muchas ocasiones textos más extensos de lo necesario, alguna información irrelevante, duplicaciones, eventuales contradicciones o simplemente una falta de síntesis, concisión y claridad en su contenido.
Si bien la eficiencia en la administración pública está condicionada por infinidad de factores con desigual influencia: personal insuficiente, proliferación de normativa cambiante, falta de optimización de la gestión administrativa, etc…, es preciso apuntar que la calidad expositiva de la documentación presentada por el proyectista es una cuestión no menor en este proceso.
Como reducción al absurdo y en la hipótesis ideal de que la documentación presentada en la Administración pública estuviera siempre absolutamente completa, perfectamente explícita, sintética y limitada a lo estrictamente necesario, su revisión e informe por parte de técnicos municipales sería inmensamente más rápida que en el caso contrario. Todo ello no es culpa del proyectista, sino parcialmente de otros actores tan influyentes como el promotor, ya sea profesional o individual, o subsidiariamente de la propia administración.
Aunque no siempre, con excesiva frecuencia los proyectos abultados suelen apreciarse con mejor valoración por parte de promotores que erróneamente establecen una proporcionalidad entre un mayor volumen documental y un mayor trabajo. Como consecuencia, es entendible que, si un trabajo de síntesis no se valora, más aún, si se ve penalizado, el proyectista acabe huyendo de ese valioso pero despreciado esfuerzo. Es pertinente exponer que, a la postre, la suma de la exigencia de una reducción de plazos a los proyectistas por parte de promotores, con el consiguiente incremento de la probabilidad de comisión de errores, unido a la entrega de documentos innecesaria y excesivamente extensos, conduce irremediablemente al embudo final, la tardanza de unos escasos técnicos municipales que están obligados a escudriñarlos y evaluarlos en los aspectos que le son exigibles. No se está afirmando que esta situación esté sistematizada o que sea muy numerosa. Por suerte son muchos los proyectistas que no sucumben a las presiones externas y hacen un ingente esfuerzo por superar las barreras administrativas que se derivan de, a veces planeamientos de compleja interpretación, exigencias adicionales impuestas por ordenanza municipales u otras dificultades, y que, además, realizan una nítida exposición escueta y sintética y una representación clara y sin contradicciones. Pero sólo con que un cierto porcentaje de los proyectos presentados muestren los inconvenientes descritos, se provoca un enlentecimiento que afecta tanto a los interesados que solicitan los servicios de arquitectura que hemos alabado como a los otros. Todo esto nos demuestra la importancia de utilizar adecuadamente las potencialidades de las herramientas que la evolución técnica nos va suministrando.
3. AVANCES TECNOLÓGICOS ACTUALES. POSIBILIDADES. CONSECUENCIAS PREVISIBLES
Como se apuntaba inicialmente, hoy día se nos brinda la posibilidad de utilizar unos potentísimos instrumentos como consecuencia de los avances en las TIC. Todos ellos deben confluir en la prestación de un mejor servicio al ciudadano y ello exige, entre otras cosas, la optimización de la comunicación en todas sus direcciones: interadministrativa, administración-ciudadano, proyectista-promotor y cómo no, muy especialmente, la intercomunicación entre técnico municipales o de la administración pública en general.
En el primer caso: la comunicación interadministrativa, así como en el atinente a la interrelación entre técnicos municipales, es claro el beneficio que comporta la visión desde prismas diferentes, de interpretaciones normativas, de criterios aplicables, de los efectos de determinadas medidas administrativas, de sistemas de optimización de plazos, así como de otras cuestiones recurrentes, muchas veces con soluciones complejas.
Por otra parte, conocer qué problemas se le presentan al proyectista (de profesión arquitecto, ingeniero u otro) en lo que se refiere a la entrega de documentación técnica es de gran relevancia. Y a la inversa, que el proyectista sepa qué aspectos pueden provocar una demora en el examen y supervisión de su proyecto le resultaría de gran utilidad.
Para conseguir lo anterior es necesaria, o al menos muy conveniente, la conjunción de las TIC junto a otros sistemas presenciales de comunicación e interrelación personal. Para el caso concreto del intercambio de información y de opiniones, y para el debate entre técnicos municipales o de otras administraciones, las agrupaciones pueden prestar un servicio de gran valor. El fomento de encuentros para la difusión y debate de nueva legislación, para asuntos profesionales de actualidad o para todos aquellos otros que resulten de especial interés, facilita la mejora del desempeño en la Administración pública. Adicionalmente, la intercomunicación mediante aplicaciones móviles, como puedan ser Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram o X, es de interés, pero siempre con un previo y detenido análisis del modo en que deban implantarse para respetar la desconexión digital, la privacidad de datos u otros aspectos afines de relevancia.
En relación con la deseable y fluida comunicación proyectista-administración, parece conveniente establecer dos niveles diferentes, uno genérico de permanente información al proyectista vía Web y otro más personalizado y directo. En el primer caso, un apartado de FAQ (preguntas frecuentes) es siempre esclarecedor y si además se muestra información sobre las causas más comunes de los errores que desencadenan la necesaria emisión de requerimientos por parte de la administración o se expone una lista muy explícita de la documentación preceptiva, se estará colaborando a evitar la tardanza en la concesión de licencias. En contraposición con lo anterior, la senda legislativa emprendida hacia una disminución del control y supervisión administrativos, como ocurrió con la exención de control colegial para proyectos básicos, la declaración responsable para determinadas solicitudes u otras simplificaciones implantadas a distintos niveles administrativos en aras de una mayor agilidad, no debe considerarse como la única estrategia, o al menos no debe ser la prioritaria. Ello estaría conduciendo lentamente a la progresiva eliminación del control administrativo, siendo éste necesario como parte de la acción garantista del cumplimiento de la normativa y en consecuencia de los derechos individuales que ésta protege. Recíprocamente, ha de permitirse un control de la Administración por parte del usuario en su función de prestadora de bienes y servicios. Para ello, la información institucional deberá mostrar de manera transparente, entre otras cosas, qué nivel de eficiencia está consiguiendo la Administración en su tarea y gestionar eficazmente las sugerencias propuestas por parte de los administrados como parte de las exigencias establecidas en el titulo I de la Ley 19/2013 de transparencia.
Para simplificar el trabajo al proyectista en su dura tarea de confeccionar la documentación requerida por las Entidades Locales para las solicitudes de implantación de usos o de realización de obras por parte de los interesados, es absolutamente ineludible una exposición fácilmente accesible a través de sus webs institucionales de toda la información que éste necesita. Esto implica la exhibición de todas las ordenanzas municipales actualizadas, una completa exposición del planeamiento con una relación ordenada de sus modificaciones, textos refundidos tras estas modificaciones, criterios interpretativos, planimetrías georreferenciadas, fichas automatizadas de condiciones urbanísticas de parcelas georreferenciadas, inventario de las transferencias de aprovechamiento producidas entre parcelas, así como el empleo de todos los medios tecnológicos disponibles en informática para disipar cualquier duda que pueda surgir por desinformación. No es tarea fácil, pero en la actualidad existen medios tecnológicos suficientes para que se pueda alcanzar un nivel de información adecuado a las exigencias que la Administración impone a la documentación del proyectista. Todo ello evita el empleo de tiempo de consulta de técnicos redactores de proyectos a técnicos municipales, permitiendo optimizar el calendario trabajo de ambos y en consecuencia disminuyendo los plazos globales para obtener la autorización solicitada: Tiempo de redacción de documentación y tiempo de confección del informe.
Otro de los avances reseñables poco aprovechados es la modalidad de teletrabajo surgida de las mejoras en telecomunicación. Si bien esta opción está cuestionada por alguna parte de la sociedad, que la interpreta como un alejamiento con respecto al ciudadano, representa unas ventajas poco exploradas. Es evidente que en determinados casos la atención presencial es ineludible. Sin embargo, en aquellos trabajos en que es posible, empleando unos adecuados sistemas de evaluación del desempeño, las ventajas que supone son muchas. La motivación laboral derivada de facilitar el desempeño de las tareas propias de oficina en el domicilio del trabajador conduce a un aumento de la productividad. Por otra parte, está poco valorado el inmenso beneficio ambiental que supone la supresión de vehículos en circulación con el consiguiente ahorro energético y supresión de emisiones contaminantes.
Lo expuesto supone tan solo una pequeña muestra de las inmensas posibilidades de las innovaciones tecnológicas recientes, especialmente en el mundo de la telecomunicación y de la informática y no pretende recoger una relación exhaustiva de las alternativas existentes. Se trata de una somera reflexión que, se comparta o no, posibilite la evaluación de las bondades y defectos de las nuevas opciones y alternativas de mejora que se presentan, los cauces adecuados para su implementación y la exploración de nuevas tecnologías como evolución de las actualmente incipientes.
4. CONCLUSIÓN
De los enunciados en el artículo 103 de nuestra Constitución, la eficacia es posiblemente el principio más anhelado por los ciudadanos en cuanto a su máxima consecución y cumplimiento por parte de la Administración pública. Una Administración pública eficaz debe considerar siempre todas las alternativas y opciones posibles que estén a su disposición para la prestación de sus servicios. La época actual abre un amplio abanico de opciones por explorar.
Las arquitectas y arquitectos, como partícipes fundamentales de los procedimientos administrativos relacionados con los usos de suelo y la edificación debemos ser muy conocedores de las posibilidades que nos aportan las nuevas tecnologías derivadas de la información y la comunicación. Debe ser así tanto en quienes participan en la confección de la documentación técnica a aportar a las AA.PP. como en quienes, en su seno, tienen encomendada su supervisión.
Este conocimiento debe focalizarse tanto en la calidad final de la arquitectura como en la optimización de todo el proceso que conduce a su consecución, especialmente en minimizar el tiempo empleado en él, pues tanto en la producción intelectual como en la materialización de lo que con ella se ha concebido no hay mayor pérdida que el transcurso estéril del tiempo.
Javier Silgado Rodríguez. Arquitecto municipal
Ponencia presentada en el I Congreso de Arquitectos de Madrid en la mesa 9.
